Roberto Guyot, primer y único juez de Ejecución Penal de la capital, reveló que peleará con todos los recursos a su alcance para impedir la destitución que solicitaron por separado la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y el abogado Gustavo Morales. En las extensas presentaciones de defensa que hizo ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura que preside el legislador oficialista Zacarías Khoder, el juez se presentó como víctima de la violencia institucional y del lawfare, e informó que había denunciado tal situación ante las agencias específicas de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Soy un perseguido”, dijo en ocasiones repetidas en las más de 300 fojas que redactó.

Además de negar en general y en particular las imputaciones, Guyot anticipó que probará el trato discriminatorio que le prodigó la Corte respecto del cumplimiento de sus horarios de trabajo y de los viajes con motivo de actividades institucionales. A esos fines, pidió al comité legislativo que oficie a diferentes instituciones sus requerimientos de un volumen inmenso de información, que incluye un informe detallado de las licencias, los horarios de trabajo, las salidas de la provincia y hasta del país de cada magistrado (se informa por separado).

Guyot, un magistrado acorralado por las polémicas

El cuerpo que encabeza Khoder habría autorizado las solicitudes de documentación a los fines de garantizar el derecho de defensa amplio que exigió el denunciado. Según trascendió, este miércoles deliberará la comisión de Juicio Político y probablemente aborde el caso “Guyot”: la contestación de las denuncias autoriza a los legisladores a resolver si acusarán al juez ante el Jurado de Enjuiciamiento que preside Daniel Leiva, vocal de la Corte. Integran el comité legislativo, además de Khoder, los parlamentarios Sergio Mansilla, Julio Silman, Enrique Bethencourt, Gonzalo Monteros, Adriana Najar, Graciela Gutiérrez, Reneé Ramírez, Carlos Gómez, Raúl Pellegrini y Mario Casali.

Aunque el proceder de Guyot recibió abundantes impugnaciones, cualquier falla en el procedimiento puede jugar a su favor y permitirle conservar su cargo vitalicio. De hecho el juez ya planteó que el trámite es nulo puesto que, según su criterio, aún no están firmes las resoluciones de la Corte que, por un lado, solicitan su destitución en virtud de al menos siete reproches -entre ellos retardo, inacciones, faltas de decoro y déficits de compromiso durante la pandemia- y, por el otro, ordenan la confección de un nuevo sumario administrativo en su contra. La Acordada 286/20 que dispone la solicitud de remoción prosperó con la firma de los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos mientras que la 287 (investigación interna) incorpora a las rúbricas mencionadas la de Leiva. El abogado Morales por su parte aportó más objeciones al tratamiento que hizo el juez de los planteos de los presos a su cargo.

Tras la fuga del doble homicida, el futuro del juez Guyot quedó en manos de la Corte

Guyot sostuvo en todo momento que pretenden echarlo por el contenido de sus decisiones y recordó que ello había quedado vedado a partir de la experiencia de la camarista Alicia Freidenberg, que resultó destituida en 2006 y luego debió ser reincorporada por una orden judicial. Fue la última vez que la Legislatura de Tucumán echó a un magistrado ordinario. Además de citar el precedente “Freidenberg”, Guyot, que es defendido por el abogado Víctor Taleb, también activó el mecanismo de la denuncia ante la CIDH que permitió al juez Eduardo Romero Lascano frenar sus pedidos de destitución (se informa por separado).

La hipótesis de la defensa es que Guyot es blanco de un ataque infundado. “Claramente no estoy aquí por mi conducta, sino por una violencia institucional evidente. ¿Será por las declaraciones sobre el ‘destrato’ (al que me sometió la Corte) que expresé al comienzo de mi gestión? ¿Será porque exijo y reclamo su intervención, y porque eso significaría no serle funcional?”, interrogó. Y añadió que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fue el instrumento de persecución que usaron los vocales: “hay una violación sistemática de los verdaderos estándares para el juzgamiento de un magistrado. He formulado denuncias ante la ONU y la CIDH para el debido resguardo de mi derecho que la Corte ha soslayado permanentemente”.